Patricia Isabel Jimenez Marini

La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosi, Beni-Bolivia

2020-2021

Proyectos de Inversión en diferentes Administraciones Aduaneras y Puntos de Control Aduanero
Inversión y Equipamiento

Recursos propios Aduana Nacional

Planificación y Seguimiento.
Coordinación con las diferentes Gerencias Regionales de Aduana Nacional para cubrir las demandas de infraestructura y equipamiento

Bolivia

Un año

PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS Y OTROS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL AMBITO COMUNITARIO

UNION EUROPEA

Elaboración del proyecto

La Paz, Bolivia

Dos años

Planificación, Coordinación y Control - Unidad Administradora de Proyectos Concertados del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

BID

Consultor encargado de la preparación de proyectos

2011

Presidencia de Mercociudades para la gestión 2018- 2019

El proyecto se enfoca en garantizar el derecho a la ciudad mediante la corresponsabilidad gobierno-sector empresarial-ciudadanía. Los gobiernos son responsables de otorgar las condiciones para que las personas desarrollen sus actividades de todo tipo, pero también otros actores pueden aportar. El sector privado puede invertir en el espacio público de la ciudad a través de la responsabilidad social empresarial, entendida como “un compromiso voluntario de las empresas con su sociedad. Implica incorporar a sus objetivos estrictamente económicos los intereses de los trabajadores, de la comunidad, la dimensión medioambiental y la preocupación por el entorno, como los aspectos más importantes” (Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, 2015).
Algunas de las iniciativas contemplan un mejoramiento del mobiliario, señalética, tecnología, entre otros de carácter urbano que promuevan la corresponsabilidad del espacio y fortalezcan la cultura ciudadana, teniendo como contraparte espacios para la exhibición de publicidad, en este sentido se dispone de espacio público.
Finalmente, la ciudad es de la ciudadanía, que merece disfrutarla, pero también ser responsable de su cuidado y protección, evitar su deterioro y denunciar a quienes dañan el espacio público, el espacio de todos. Las personas viven, desarrollan sus actividades y se recrean en la ciudad, por lo que merecen una mejora de sus condiciones, pero también es importante que se sientan corresponsables del cuidado la ciudad, cuidando el espacio público y denunciando a quienes lo deterioran.

Gobierno Autónomo Municipal: Coordinación y financiamiento
Empresas privadas: Diseño y ejecución de proyectos
Sociedad civil: Vigilancia y denuncia de deterioro de espacios públicos

Dado que la problemática está evidenciada y los problemas fueron priorizados por la población en el proceso de elaboración del Plan Territorial de Desarrollo Integral, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz propone políticas y proyectos, con el aporte del sector privado (particularmente mediante la responsabilidad social empresarial) y de la ciudadanía que, apropiándose de la ciudad, sean estrictos vigilantes de la mejora de sus condiciones y denunciante de su deterioro. Esta articulación virtuosa nos permitirá garantizar el derecho a la ciudad mediante mecanismos de corresponsabilidad.

El año 2005 a través de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad en la cual se enfatizó el importante rol que tienen las ciudades en garantizar el goce efectivo de riqueza, cultura, bienes y conocimiento de los habitantes. El derecho a la ciudad es “el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social. Se entiende como un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos empobrecidos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere la legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a un patrón de vida adecuado” (Foro Mundial Urbano, 2004).
La Paz es un municipio predominantemente urbano, con una proyección poblacional de cerca a un millón de habitantes casi en su totalidad habitando en el área urbana. De acuerdo a proyecciones a 2024, el 52% de la población son mujeres, el 52% de la población del Municipio de La Paz tiene hasta 29 años de edad, y el 37% tiene entre 30 y 59 años de edad.
Dentro de la escala urbana, un dato destacable es la cobertura y distribución de los equipamientos tanto públicos como privados de la ciudad, estos identificados por la normativa de la Ley de Uso de Suelos Urbanos vigente. A nivel urbano, la cobertura de equipamientos representan el 5% de la superficie total del municipio y que conforman también el espacio público de la ciudad. A nivel distrital, son los distritos 4 en el Centro, 7 en cotahuma y 12 en Periférica los que tienen los porcentajes más bajos (2% en cada caso es decir, 21m2/hab), frente a un 13%(22m2/hab) y 16% (31,8m2/hab) para los distritos 1 y 2 respectivamente. Los distritos 5, 12 y 15 tienen apenas 16m2/hab destinados a equipamiento, frente a 44m2/hab y 116m2/hab en los distritos 19 y 20 respectivamente, distorsionados por la presencia de importantes clubes privados que no representan un acceso libre a los habitantes pero que son potenciales aliados para garantizar el derecho a la ciudad.
Sin embargo, al tener en una superficie de 315.272,58 has, el área urbana corresponde sólo al 8,89%, vale decir que el acceso a la ciudad, la accesibilidad y la seguridad, afronta problemas de diferente índole. La Paz ya no puede ser solamente construcciones, obras, cemento; queremos que sea una ciudad caminable, segura, donde la ciudadanía tenga lugares para compartir, para vivir y usar.
En cuanto a las superficies destinadas a áreas verdes que son parte de las áreas no edificables y que incluyen plazas y parques, es aún más llamativa la situación respecto de las áreas verdes, ya que, en el conjunto, éstas representan apenas un 2.4% (351.5 Ha) del total de la superficie que suma apenas 3.7m2 por habitante, frente a las recomendaciones internacionales de 14m2 por habitante.
En el análisis por distritos se encuentran también importantes disparidades, ya que casi la mitad de ellos tienen superficies destinadas a áreas verdes (equipamiento efectivo) por debajo de la media, siendo los más bajos los porcentajes de los distritos 4 y 6 con apenas 1% de su superficie destinada a parques y plazas y llamativa la situación del distrito 20 con apenas 0.4% (aunque esto se debe a la ocupación de su superficie) y la del distrito 9 con una relación del 10% que proviene de una serie de taludes y corredores verdes que no se repite en ningún otro distrito de la ciudad.
En grandes números se destacan los siguientes datos para entender la problemática:
El espacio público por habitante se encontraba en 1.38 m2 (plazas, parques, áreas de encuentro social y otras).
La expansión descontrolada sobre las laderas ha ocasionado que se tenga apenas un 0.64m2 de áreas verdes por habitante en las zonas más críticas de la ciudad, mientras que el promedio se encuentra alrededor de 2.95m2 por habitante, contrastando con los 9m2/hab internacionalmente aceptados.
Más de dos tercios de la población utilizan el transporte público para desplazarse, mayoritariamente por motivos de trabajo y estudio (50% y 36% respectivamente). La población califica este servicio como muy malo y malo en 52% y regular en 39%; mientras que aquellos que se desplazan caminando lo hacen por aceras en muy malas condiciones, siendo aquellas de más de 4 metros de ancho apenas el 2% del total de las aceras de las vías de la ciudad.
Teniendo una población que en su mayoría se dedica a la actividad informal (54%), la situación se hace más compleja al considerar que el 41% de la oferta de servicios de la ciudad se aglutina alrededor del centro y que el 72% de las vías primarias de la ciudad se hallan ocupadas por el comercio informal.
El exceso de vehículos motorizados en las zonas destinadas al espacio público genera congestión, contaminación (atmosférica, visual y acústica) y una sensación de inseguridad en los peatones sobre las principales vías de conexión en la ciudad, especialmente sobre los ejes estructurantes de conexión a los Centros Urbanos. Esta situación limita la capacidad de las personas para disfrutar plenamente de los espacios públicos, promoviendo una dependencia excesiva del transporte privado y desalentando otros modos de transporte más sostenibles y saludables, como caminar.
La Infraestructura peatonal resulta inadecuada. La falta de aceras amplias, seguras y accesibles, así como la escasez de pasos de peatones bien señalizados y cruces seguros, dificulta la movilidad y la conectividad para los peatones. Esto crea barreras físicas y psicológicas que limitan la libertad de movimiento de las personas, especialmente aquellas con discapacidad o movilidad reducida. Además, la falta de mobiliario urbano adecuado, como bancos, áreas de descanso y zonas verdes, contribuye a la falta de comodidad y atracción de los espacios públicos.
Ausencia de áreas peatonales seguras y atractivas. La falta de áreas peatonales seguras y atractivas, como calles peatonales, plazas y parques, limita las oportunidades de recreación, esparcimiento y convivencia comunitaria. Esto afecta negativamente la calidad de vida de los ciudadanos, así como el dinamismo económico de la ciudad, ya que se reducen las posibilidades de desarrollo de actividades comerciales y turísticas en los espacios públicos.
Insuficiente conciencia y cultura peatonal. Existe una falta de conciencia y respeto por parte de los usuarios de vehículos motorizados hacia los derechos y necesidades de los peatones. Esto se manifiesta en conductas inseguras, como estacionar en las aceras, invadir cruces peatonales o exceder los límites de velocidad en áreas donde se concentra la actividad peatonal. Esta deficiente cultura peatonal contribuye a la percepción de inseguridad.
En este contexto, el problema se centra en haberle dado prioridad al vehículo, generando falta de condiciones de peatonalidad, la limitada priorización del espacio público para los peatones en nuestra ciudad y la falta de condiciones para el disfrute de los espacios públicos. A pesar de ser un recurso valioso, los espacios públicos se encuentran insuficientemente adaptados y diseñados para fomentar la movilidad peatonal y el bienestar de la comunidad, impidiendo un efectivo derecho a la ciudad por parte de sus habitantes.

El problema se centra en haberle dado prioridad al vehículo, generando falta de condiciones de peatonalidad, la limitada priorización del espacio público para los peatones en nuestra ciudad y la falta de condiciones para el disfrute de los espacios públicos. A pesar de ser un recurso valioso, los espacios públicos se encuentran insuficientemente adaptados y diseñados para fomentar la movilidad peatonal y el bienestar de la comunidad, impidiendo un efectivo derecho a la ciudad por parte de sus habitantes.
El proyecto se enfoca en garantizar el derecho a la ciudad mediante la corresponsabilidad gobierno-sector empresarial-ciudadanía. Los gobiernos son responsables de otorgar las condiciones para que las personas desarrollen sus actividades de todo tipo, pero también otros actores pueden aportar. El sector privado puede invertir en el espacio público de la ciudad a través de la responsabilidad social empresarial, entendida como “un compromiso voluntario de las empresas con su sociedad. Implica incorporar a sus objetivos estrictamente económicos los intereses de los trabajadores, de la comunidad, la dimensión medioambiental y la preocupación por el entorno, como los aspectos más importantes” (Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, 2015).

Gobierno Autónomo Municipal: Ciudad de La Paz
Empresas privadas: Ciudad de La Paz
Sociedad civil: Ciudad de La Paz

La iniciativa se vincula directamente con la Política de Peatonalidad en actual construcción por parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Objetivos
- Desarrollar un proyecto piloto de promoción de peatonalidad y mejora de los espacios públicos en una zona priorizada (Achumani, Centro, Sopocachi).
- Desarrollar políticas, proyectos y acciones desde el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para garantizar el derecho a la ciudad mediante la promoción de la peatonalidad y la mejora de los espacios públicos. 
- Promover la participación del sector privado mediante proyectos concertados para el mejoramiento del espacio público. 
- Fomentar la participación ciudadana en la protección y denuncia de deterioro del espacio público bajo el principio de corresponsabilidad. 
- Contar con un banco de datos de demanda y oferta de proyectos concertados disponible para consulta.
- Coadyuvar a la reactivación económica mediante acciones de urbanismo táctico que permitan la dinamización de la zona priorizada.

Productos/Resultados

1 Espacio público piloto delimitado mejorado en infraestructura y mobiliario urbano
4 espacios públicos mejorados en infraestructura y mobiliario urbano
1 Documento de Política de Peatonalidad emitida
1 Campaña comunicacional diseñada y ejecutada
1 Documento de bases normativas y técnicas de proyectos concertados
10 Proyectos concertados ejecutados
1 aplicación / red social para la denuncia de deterioro del espacio público desarrollada
1 Banco de datos de demanda y oferta de proyectos concertados publicado
Mayor movimiento económico en espacios públicos mejorados

10 Empresas privadas: Espacios publicitarios para su visibilización
Sociedad civil: Condiciones para la peatonalidad y espacios públicos mejorados

Adquirir capacidades y herramientas para la elaboración de proyectos regionales así como intercambiar experiencias y buenas prácticas con diferentes técnicos de otros gobiernos locales. Asimismo, conocer los principales aspectos a considerar en proyectos urbanos relacionados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.